La Sala Segunda del Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha de 1977, que fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo tras más de 20 años en busca y captura.
La decisión del Supremo sobre García Juliá, condenado en 1980 por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión, se ha tomado por unanimidad y sigue el criterio de la Fiscalía General brasileña, según ha informado en una nota de prensa este último órgano.
Los magistrados consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.
Según la fiscal general, Raquel Dodge, la solicitud de extradición describe adecuadamente los hechos y no fue presentada "con el propósito de hostigar o castigar al extraditado por sus opiniones políticas".
Huido desde 1994
Como integrante del grupo de terroristas de extrema derecha que perpetraron la matanza en un despacho de abogados de Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid, García Juliá fue condenado como autor material de cinco asesinatos, así como por otros tres asesinatos frustrados y por tenencia de armas.
Tras cometer el crimen, a la edad de 22 años, pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido en marzo de 1977 y, posteriormente, juzgado y condenado. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.
Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal, residiendo en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil. Cuando fue arrestado el pasado diciembre, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.
La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.