¡¡Un informe demuestra que la República que no existe pretendía repatriar a los funcionarios españoles tras el procés!!

Carles Viver i Pi Sunyer tenía un informe que apostaba por suprimir la obligación de los Mossos de hacer cumplir la Constitución.

11 de Julio de 2019
¡¡Un informe demuestra que la República que no existe pretendía repatriar a los funcionarios españoles tras el procés!!
¡¡Un informe demuestra que la República que no existe pretendía repatriar a los funcionarios españoles tras el procés!!

El exvicepresidente del Constitucional Carles Viver i Pi Sunyer contemplaba que los funcionarios del Estado presentes en Cataluña que no fuesen de origen catalán pudieran ser purgados y repatriados tras la independencia.

Este exmagistrado también estudió la posibilidad de vetar la nueva «nacionalidad catalana» a los empleados de la Administración General del Estado. (¡Puigdemont no puede ser eurodiputado!)

Carles Viver i Pi Sunyer está considerado como el arquitecto jurídico del procés. El exmagistrado lo tenía todo pensado de cara a los meses posteriores a la independencia.

Además, según ha explicado la Agencia Efe, el exvicepresidente del Constitucional tenía un informe de la plataforma Secretarios, Interventores y Tesoreros por la independencia. (Juicio del Procés: "Los Mossos tenían orden de no colaborar")

En dicho documento se planteaba suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y tribunales.

La Guardia Civil ha remitido el informe citado anteriormente a la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que en abril pasado exculpó a Viver i Pi Sunyer y no lo procesó. (El independentismo prepara un nuevo 'aquelarre' por el juicio del procés)

Otros datos del informe

El informe también apuntaba que mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el tratado de Schengen a través de la nacionalidad española.

El punto que más ha llamado la atención es el que indica que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana.