Desde que el Ministerio de Justicia activara el Registro Central de Delincuentes Sexuales en 2016, más de 2.000 delincuentes sexuales han sido detectados intentando trabajar el lugares con contacto directo con menores.
Estos datos, publicados por Europa Press, confirman que 324 personas condenadas por delitos sexuales contra menores han intentado trabajar cerca de niños en lo que va de año, suponiendo una grave amenaza para este sector de la sociedad, que hay que defender a toda costa.
Cifras que asustan, y mucho
Los ciudadanos que quieran trabajar con niños deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que se emiten en cumplimiento de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, así como de la Ley de Voluntariado, aprobadas ambas en 2015.
Desde su entrada en vigor, se han emitido 7,35 millones de Certificados, y se han detectado más de dos millares de casos de condenados por delitos sexuales que solicitaban un empleo con menores.
Así pues, de los 1.985.551 certificados de 2016, se detectaron 534 positivos en antecedentes; en 2017, 599 fueron positivos de un total de 1.996.658; en el pasado año 2018, de 1.994.375 expedientes, 577 corresponden a delicuentes sexuales. En 2019, llevamos 324 positivos en 1.380.150 expedientes solicitados.
Este registro no es suficiente
Almudena Olaguibel, especialista en políticas de la infancia de Unicef, afirma que esta medida sirve como 'filtro' ante los condenados por delitos sexuales, pero que hay personas denunciadas que pueden pasar el control porque aun no han sido condenadas.
La especialista afirma que es necesario poner en marcha "entornos protectores de la infancia" entre los que destacan la formación de los profesionales que trabajan con menores, para poder detectar casos de abusos, así como la formación de los menores en estos casos: "hay que hacer partícipes a los niños de su propia protección".