La castración química es una de las condenas más populares en la sociedad moderna, y se emplea en una amplia horquilla de países alrededor del mundo con el objetivo de eliminar o soliviantar las pretensiones de algunas de las mentes más retorcidas que habitan en nuestro planeta y que no tienen problemas en abolir el consentimiento de otros seres humanos a la hora de tener relaciones sexuales, asaltanto tanto a adultos como a niños por igual.
Estos actos, que tienen consecuencias nefastas para las víctimas tanto a nivel físico como psicológico, han provocado que los sistemas penales de todo el planeta desarrollen diferentes mecanismos de respuesta para castigar a los responsables y prevenir que estos actos atroces vuelvan a cometerse. Uno de estos mecanismos de respuesta y castigo de la ley es la castración química.
A pesar de que se inyecten diversos tipos de agentes químicos en el sujeto con el objetivo de reducir su libido y eliminar y reprimir su deseo sexual para desarticular sus intentos de agredir a nuevas víctimas, la realidad es que el proceso es más que reversible y en ningún momento está garantizada su eficacia al 100%, igual que con la castración quirúrgica que se empleaba anteriormente en muchos países: la extirpación de los testículos, en realidad, tampoco reducía el ratio de agresiones sexuales por parte de los castrados, que seguían manteniendo altos niveles de libido.
De esta forma, se creó la castración química para reducir las agresiones sexuales, intensificando la potencia y frecuencia de inyección de estas hormonas que anulan la libido de los agresores sexuales condenados en firme por la justicia internacional. Sin embargo, este método ha provocado un debate ético que se añade a la larga lista de conflictos entre el positivismo jurídico y la Ética humana.
En nuestro país este método es completamente voluntario, es decir, debe ser el condenado por agresión sexual el que solicite someterse a este procedimiento. Sin embargo, la baja tasa de aceptación de esta terapia provoca que muchos condenados por delitos como violación o abusos sexuales queden en libertad después de cumplir su condena sin ver reprimido su deseo sexual.
El debate ético surgido en torno a la castración química ha sido planteado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, que sostienen que este método de control sobre violadores y delincuentes que han atacado a otra persona o personas con tal de satisfacer sus perversas fantasías es " un método cruel y degradante".
Algunas de ellas, como Amnistía Internacional, consideran que la "castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecidos en el derecho internacional". Uno de los principales argumentos en el que se apoyan los detractores de la castración química es su falta de utilidad a largo plazo, puesto que supone una solución inmediata para eliminar la libido de los agresores sexuales condenados en firme, pero al ser un proceso reversible y no enseñar ningún tipo de conducta o formas de controlar los perversos impulsos, su efectividad tiende a decaer a largo plazo.
De esta forma, muchos expertos en medicina y comportamiento humano sostienen que la castración química es un método viable para el castigo de agresores y abusadores sexuales, pero que siempre debe ir acompañado por una fuerte intervención de terapia psiquiátrica y psicológica para intentar trabajar los aspectos más oscuros de la mente de estos delincuentes y erradicarlos para siempre.