El centro de Madrid se convirtió nuevamente este sábado en escenario de una manifestación multitudinaria en la que ciudadanos expresaron su descontento con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Es la dinámica de todos los días desde que Sánchez anunció su predisposición a amnistiar al independentismo catalán.
Sin embargo, desde la Moncloa, la respuesta parece ser mirar para otro lado ante la creciente movilización, sosteniendo que "esa presión de la derecha no puede mantenerse en la calle". Fuentes cercanas al presidente afirman que esta situación, lejos de ser una preocupación, beneficia al Ejecutivo al polarizar y mantener unidos a sus socios.
La estrategia de minimizar la importancia del ruido en las calles como un problema temporal sugiere que, desde la perspectiva gubernamental, la protesta cívica eventualmente se extinguirá. Este enfoque contrasta con la ausencia de mención explícita en el discurso de investidura de Sánchez sobre su compromiso de ser el presidente de todos los españoles, un hecho sin precedentes que no ha pasado desapercibido.
La manifestación, que se opone a la amnistía y a los acuerdos del Gobierno, parece tener un impacto duradero. La denominación del movimiento como "No en mi nombre" refleja la intención de un sector de la sociedad de distanciarse de las decisiones gubernamentales. Tanto el Partido Popular (PP) como Vox mantienen su respaldo a estas protestas, lo que subraya la amplitud del descontento político.
Fecha para Puigdemont
En paralelo, el compromiso del Gobierno con el independentismo catalán, materializado en la ley de amnistía, genera expectativas y tensiones adicionales. La promesa de permitir el regreso a Cataluña del expresidente Carles Puigdemont, previsto para la primavera, plantea desafíos tanto en términos de implementación como de reacción pública. Sánchez se ha comprometido con el fugado a tramitar la ley de amnistía para que su regreso pueda ser real en marzo o en abril.
La falta de un plan definido en Moncloa para manejar las complejidades de la relación con Puigdemont y las posibles protestas que puedan surgir tras la primera reunión en Ginebra con verificadores internacionales añade incertidumbre al panorama político.
La crisis en la relación entre el PSOE y Podemos agrega una capa adicional de complejidad a la formación del Consejo de Ministros, sugiriendo que la legislatura estará marcada por la confrontación dentro del independentismo y la oficialización de la ruptura entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
Aunque la derecha y los socios del Gobierno no abandonan el modo electoral, las preocupaciones en Moncloa parecen centrarse más en resistir y mantenerse en el poder, confiando en que los socios, incluso Puigdemont, cederán para evitar ser acusados de favorecer a la extrema derecha. La percepción de que no hay una opción viable de moción de censura refuerza la convicción del Gobierno de que podrá mantenerse, a pesar de la presión en las calles y las tensiones internas.