Pedro Sánchez sigue sus vacaciones, intentando descansar del pasado curso político que ha dejado más penas que glorias para el líder socialista y para los españoles que todavía deben aguantar el Gobierno que ha formado en coalición con el comunismo de Unidas Podemos y el independentismo a ultranza de sus socios catalanes.
Muchos son los ciudadanos que, ya en los compases finales del mandato de Sánchez, se rebelan abiertamente contra los designios del presidente del Gobierno. Una buena parte de estos ciudadanos corresponden a Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha logrado construir una plaza fuerte en contra de los caprichos de Pedro Sánchez mientras intenta defender la libertad de los madrileños y españoles.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular es uno de los golpes más duros que sufrirá el comercio y la hostelería española desde los cierres obligatorios debido a la llegada de la COVID-19. De esta forma, gracias a su aprobación y aparición en el Boletín Oficial del Estado, los bares y restaurantes estarán obligados a proporcionar la posibilidad de beber agua del grifo de forma gratuita para los usuarios y clientes. Esta controvertida medida tiene como objetivo reducir los residuos generados por los envases de plástico que compran los negocios para consumibles variados, como el agua u otros alimentos.
Las premisas de esta ley, además de esta 'obligación', también llevan a los negocios a abandonar parte de los envases y envoltorios de algunos de sus productos, provocando que hasta un 20% de su espacio de negocio, siempre que superen los 400 metros cuadrados, esté destinado a la venta de consumibles y productos similares a granel o sin ningún tipo de envase que no cumpla con las condiciones fijadas por la ley y que no sea biodegradable.
Además de estas restricciones e imposiciones a los comercios, Sánchez sigue profundizando en la crisis de los pequeños negocios españoles, amenazando con su plan de ahorro energético a los bares y restaurantes de toda España. El plan de ahorro para intentar prevenir la inevitable crisis energética que puede asolar Europa próximamente por parte del Gobierno de comunistas e independentistas es reducir en dos grados la temperatura del termostato de los locales climatizados.
Esta, entre otras medidas, ha puesto en pie de guerra a la Asociación de Hosteleros de Madrid, que no comprenden la utilidad de estas propuestas de Sánchez que pasarán a ser obligatorias con la aprobación del decreto-ley que la Comunidad de Madrid considera inconstitucional y que se niega a cumplir. Dicha Asociación ha solicitado al Gobierno una mayor "transparencia" en las medidas de ahorro energético que afectan a bares, restaurantes y negocios similares con el objetivo de que se puedan acondicionar correctamente las salas y dar cabida a los clientes según la nueva normativa de eficiencia energética que Sánchez ha impuesto.
Las costosas multas estipuladas por el incumplimiento de estas medidas ha sido la gota que ha colmado el vaso para la Asociación de Hosteleros de Madrid, que está cerca de convertirse en un peligroso enemigo para Pedro Sánchez: la hostelería es una parte muy poderosa de los ingresos nacionales, por lo que una retirada masiva de los hosteleros votantes de Sánchez y el comunismo podría devenir en una verdadera catástrofe electoral para el líder socialista, que sin duda alguna se presentará a la reelección sin ser consciente de que ha fraguado más enemigos que aliados durante su estancia en La Moncloa. La ausencia de un marco normativo específico para los hosteleros más vulnerables podría colocar al sector de la restauración y hostelería española como un nuevo y más poderoso enemigo del presidente del Gobierno.