Irene Montero es la ministra que más discrimina a todos los hombres. La líder del departamento de Igualdad solo cuenta con 19 hombres mientras que el número de mujeres asciende hasta 69, según la última actualización del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas recogida por OK Diario.
La podemita Irene Montero tan solo cuenta con un 21,5% de hombres en el ministerio de Igualdad, que se ha convertido en el más 'desigual' del Gobierno liderado por Pedro Sánchez como se refleja en los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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El siguiente ministerio que menor representación masculina es educación, con un 28,9%. Le siguen Sanidad (30,4%), Universidades (32,3%), Derechos Sociales y Agenda 2030 (33,2%), Cultura y Deporte (34,4%), Consumo (34,5%), Ciencia e Innovación (35,5%) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (36,8%).
En marzo del año pasado, el Partido Laócrata denunció a Irene Montero ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por un posible delito de prevaricación. Apuntaron que el 79% de sus altos cargos eran mujeres y los denunciantes alegaron que incumplía el principio de Igualdad en las Administraciones Públicas.
La respuesta de Irene Montero
La ministra de Igualdad explicó que los hombres "no están excluidos" en su departamento pero añadió que, dado que durante siglos "todos los hombres y mujeres hemos estado gobernados exclusivamente por hombres" no habría problema en que "las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres".
"Por experiencia propia las mujeres somos las que más tiempo le hemos dedicado a pensar cómo el conjunto de la sociedad puede ser una mejor sociedad que respete más los derechos humanos y sea más igualitaria", comentó la ministra de Igualdad.
La polémica
Según El Confidencial, el pasado mes de noviembre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales echó atrás el contrato de Igualdad para cubrir los servicios del 016 que exigía que el personal adscrito fueran mujeres.
En las cláusulas del contrato se especificaba que 31 de las 33 personas contratadas debían ser mujeres. Finalmente, el tribunal sentenció que "los defectos del pliego impugnados constituyen causas de nulidad de pleno derecho (…) por cuanto implican una vulneración de derechos fundamentales" y, por lo tanto, vulnera el "orden constitucional". Igualdad tuvo que volver a sacar a licitación el contrato anulado.