Carles Puigdemont monta en cólera con el nuevo Boletín Oficial del Estado. El expresidente de la Generalitat, cada vez más marginado del ritmo del independentismo, busca hacerse notar de cualquier manera: en esta ocasión acusa al Estado español de "insultar a la lengua" catalana y de xenofobia a todo lo relacionado con dicha Comunidad Autónoma.
Lo que ha despertado la ira del fugado de la Justicia española es el cambio de nombre de ciertas localidades de Cataluña para su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas poblaciones están recogidas en este documento oficial con motivo de la asignación de las ayudas estatales destinadas a restaurar los daños causados por la borrasca Ciril, que llegó a nuestro país en abril de 2022 y se cebó con los cultivos del este de la península Ibérica.
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Algunos de los ejemplos que han puesto en jaque al independentismo son Pla d'Urgell o Alt Maestrat, que han quedado traducidos al español como Plana de Urgell y Alto Maestrazgo, respectivamente. Este tratamiento a los pueblos catalanes es inadmisible para Puigdemont, el mismo que no dudó en dejarlos en la estacada cuando muchos de ellos se sumaron a la deriva independentista que propuso.
Esta doble moral del exdirigente de JxCat ha quedado expuesta en su opinión a través de Twitter, el único altavoz público que le queda al prófugo de la Justicia española: "El insulto a la lengua catalana y a su estatus de lengua oficial (también de los topónimos) es publicado en el BOE. El gobierno falta el respeto de una forma grotesca. Reírse de nuestras palabras es una forma de xenofobia. Una ofensa oficial a la lengua de todo un pueblo".
Sin embargo, esta reinvindicación vacía de "la lengua catalana" está basada en un error gravísimo: el catalán es una lengua oficial en Cataluña, pero no España. En la totalidad del territorio nacional, alcance que tiene el BOE en el momento de su redacción y publicación, este idioma tiene carácter co-oficial. Puigdemont se lanza a reivindicar y luchar por la identidad catalana pero desconoce las limitaciones de una Ley que ha intentado saltarse desde hace años: la Constitución.
El resto del independentismo no se ha quedado cruzado de brazos. Lejos de marginar todavía más al expresidente de la Generalitat y castigar su cobardía, sus palmeros han acudido en su defensa. Laura Borràs, expresidenta del Parlament , ha hecho unas declaraciones que señalan directamente a los trabajadores de la Administración estatal.
"Entre los traductores del tiempo del franquismo (San Cucufato por Sant Cugat) y los traductores automáticos (que dicen Bajo Campo por Baix Camp): el hilo del rechazo y el desprecio a las lenguas propias, que siempre son riqueza. Del plurilingüismo hablamos otro día". Esta incendiaria contestación de Borràs en redes sociales deja al descubierto la estrategia más rancia del independentismo: aprovechar todo lo que favorezca su relato de victimismo.
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Lo que los independentistas prefieren ocultar es que todas estas localidades que aparecen en el BOE recibirán ayudas para reparar los daños que causó la borrasca Ciril en abril de 2022: más de 50.000 personas se quedaron sin trabajo y las pérdidas se estimaron en torno a los 2.300 millones de euros. Mientras que el Estado español que tanto repudian se ha puesto manos a la obra para intentar salvar lo máximo posible de esta catástrofe, la Generalitat independentista sigue haciendo gala de su inacción impuesta por los conflictos internos que se viven cada día.