El problema de llegar a acuerdos con asuntos que realmente no dependen de uno mismo en última instancia, es que todo puede torcerse al final provocando que lo que en principio fue un apoyo, luego se torne en desconfianza que acabe afectando a otros acuerdos posteriores.
Eso mismo es lo que le está pasando al PSOE de Pedro Sánchez con el “pago” a los partidos independentistas a cambio de su apoyo a Francina Armengol como Presidenta del Congreso de los Diputados. Los vascos, catalanes y gallegos prestaron sus votos a cambio de que sus lenguas fueran incluidas como oficiales en los debates del Congreso y, lo más importante, lo hicieran igualmente en la Unión Europea.
La respuesta de la UE, clave
Para ello, el pasado 17 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, envió un escrito al Consejo de Asuntos Generales (CAG), para que se debatiera la oficialidad a nivel de la Unión Europea del catalán, el euskera y el gallego, y además lo tramitó por la vía de urgencia, aprovechando que España ostenta la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Esta es una decisión que modificaría el reglamento por lo que haría falta la unanimidad de los estados miembros.
Si bien en nuestro país, Armengol no ha tenido problema para imponer este acuerdo en el Congreso, en Europa no han sido pocos los estados miembros que han mostrado serias dudas de que esto deba llevarse a cabo. No sólo por cuestiones económicas y técnicas de su implantación, como aducía Suecia, sino también porque ese acuerdo abriría las puertas a que otras lenguas minoritarias de otros países miembros lo solicitaran, y no es un asunto que apetezca abrir en Bruselas.
La preocupación por no cumplir lo pactado con Junts es tal, que el gobierno español incluso se habría ofrecido para sufragar el gasto económico de la implantación de estas lenguas. No obstante la negativa de Europa a satisfacer las demandas de los independentistas puede suponer un duro varapalo para Sánchez con vistas a las negociaciones para la investidura, de ahí que el PSOE haya decido mandar este martes al Consejo de Asuntos Generales, al propio José Manuel Álvarez, para apremiar a Europa de que éste es un asunto capital para los intereses del Gobierno español, sin embargo los 27 no parecen tener intención de contentar a Sánchez.