En los tiempos que corren, la obsolescencia programada afecta a muchos productos de distintos sectores, entre los que destacan el textil, el de los electrodomésticos y el de los 'smartphones'.
Concretamente, el sector de estos dispositivos móviles es donde se pone de manifiesto la obsolescencia programada, ya que a partir de los dos años empiezan a ralentizarse y a dar fallos electrónicos.
"Absolutamente todos los fabricantes de móviles la practican en estos momentos. Cuando el móvil se ralentiza o ciertas apps no funcionan, el usuario ya empieza a pensar que es normal”, asegura Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss).
Según sostiene Muros, la vida útil de un teléfono es de dos años. A partir de ahí, es normal que el dispositivo empiece a dar problemas y su reparación puede costar hasta un 40% de lo que valdría adquirir uno nuevo.
"Si no existiera la obsolescencia programada, un teléfono móvil tendría una vida útil de 12 a 15 años", afirma.
AGCM, multas para Apple y Samsung
Hace meses, la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia interpuso hace dos semanas una multa de cinco millones de euros a Samsung y otra de diez a Apple por obligar a sus clientes a realizar actualizaciones de 'software' que ralentizaban los teléfonos.
Ambas compañías han sido acusadas de llevar a cabo "prácticas comerciales injustas" que causaron graves disfunciones y redujeron significativamente el funcionamiento de los dispositivos.
España, vacío legal
El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil.
Pero mientras en países como Francia o Italia ya se promueven leyes para erradicar completamente estas prácticas, en España no hay ninguna ley que penalice la obsolescencia programada.