El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado este al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la consellera de Justicia, Esther Capella, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, de haber decidido "liberar, poner en tercer grado" a los nuevos políticos presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O.
"Respetamos todas las decisiones judiciales, pero esto no ha sido una decisión judicial. Ha sido una decisión tomada por Junqueras, Torra y Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado, a los políticos presos por hechos gravísimos", ha lamentado en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.
Para Carrizosa, no es normal ver una rueda de prensa para informar de que se les concede el tercer grado, algo que "prueba hasta qué punto la administración de Torra y Capella están involucrados ideológicamente" en esta decisión. (El preso Rull pide el tercer grado insultando: “¡¡España está enferma!!”)
Por ello, ha pedido a la Fiscalía que exija "igualdad de trato" para todos los presos de España porque, en su opinión, no puede haber políticos presos con privilegios por encima de otros.
"Pedimos que se aplique la ley con igualdad para todos. No hay ciudadanos de primera por el hecho de ser amigos de los políticos que gobiernan", ha asegurado.
¿Por qué los sueltan?
La cuestión es que las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y en la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) han propuesto el tercer grado penitenciario para los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O.
Las cárceles tenían hasta el próximo jueves 9 de julio para revisar el segundo grado del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al vencer el plazo de seis meses que estipula el Reglamento Penitenciario para revisar el grado penitenciario.
Las juntas de tratamiento de las tres cárceles se han reunido a las 9.00 horas de este jueves de forma simultánea para revisar los grados --para protegerles "de posibles amenazas y coacciones" en sus decisiones e informar con transparencia y sin interferencias, según el secretario-- y han adoptado las nueve propuestas de progreso a tercer grado por unanimidad. (El Supremo rechaza la petición de la fiscalía sobre el tercer grado de los presos)
Entre otras cosas, tienen en cuenta el nivel de adaptación a las cárceles, la conducta, la red familiar y social, la capacidad de reinserción, si tienen antecedentes, el riesgo de reincidencia, el tiempo de cárcel cumplido, además de si se ha satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito.
Cuando se les hizo la primera clasificación, el pasado 11 de diciembre, las juntas de tratamiento habían adoptado la propuesta de segundo grado por mayoría, pero no unanimidad, ya que hubo un "intenso debate", con un equilibrio ajustado entre el segundo y tercer grado, ha explicado Calderó.
Fin de semana en casa
Ahora, si finalmente se les aprueba el tercer grado, los nueve presos seguirán su condena en régimen de semilibertad, de modo que dormirán en la cárcel entre semana, y el fin de semana podrán pasarlo en sus casas, después de que lleven entre dos años y medio y casi tres en prisión --contando
Calderó ha puntualizado que con la propuesta de nueva clasificación se abre un periodo de dos meses en el que el Servicio de Clasificación debe estudiar las propuestas y emitir una resolución ratificando o no: si lo ratifica saldrían inmediatamente de manera ejecutiva. (Tremendo: ¡¡Torra saca de la cárcel a los presos golpistas condenados!!)
Las propuestas de las juntas de tratamiento son avaladas por el Servicio de Clasificación en torno al 95% de casos, y normalmente no se agota el plazo para dar una respuesta, pero Calderó, a preguntas de los periodistas, ha precisado que con toda seguridad no podrán salir este fin de semana porque "no da el tiempo material" para estudiar toda la documentación.
El caso podría volver al Supremo
Una vez haya resolución del Servicio de Clasificación, la Fiscalía podrá recurrir ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente y posteriormente al tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo.
Sobre si, en caso de otorgarles el tercer grado, serán trasladados a un centro abierto, Calderó ha dicho que todavía no está decidido pero que hay presos en tercer grado saliendo desde prisiones ordinarias, centros abiertos e incluso pisos de la Generalitat.
También se ha referido, a preguntas de los periodistas, si se les puede aplicar de forma inmediata el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que permite no pernoctar en prisión, y ha puntualizado que depende de los equipos de tratamiento, pero que es muy difícil que se aplique de manera directa. (El trato de VIP a los presos golpistas catalanes roza la prevaricación)
Defensa de los funcionarios
Calderó ha defendido en su intervención la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, ha recordado que cada revisión de clasificación implica a unas 30 personas, que adoptan decisiones en base a criterios técnicos, que "sin embargo tienen consecuencias políticas".
"La ejecución de la sentencia no está encima de la mesa de ningún conseller, ni de ningún presidente. Nadie tiene ninguna duda razonable de que si dependiera de la Generalitat nunca habrían entrado en prisión", ha argumentado.
Además, ha considerado que "poner el foco en el tratamiento penitenciario es una equivocación", y ha pedido no errar el adversario ya que los líderes independentistas están en prisión por decisión del Tribunal Supremo.
Segundo grados con 100.2
El 11 de diciembre de 2019, las cárceles propusieron para los presos independentistas la clasificación en segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, lo que el Servicio de Clasificación ratificó el 9 de enero de 2020.
Posteriormente se ha ido otorgando para todos ellos la flexibilización que prevé el artículo 100.2, con lo que pueden salir entre semana para trabajar o ejercer voluntariado; además, Sànchez y Cuixart, al haber cumplido un cuarto de la pena, ya pueden obtener permisos penitenciarios.
Fueron condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y en algunos casos malversación por impulsar el proceso soberanista y el 1-O en otoño de 2017, y las penas van desde los 13 años de cárcel para Junqueras a los 9 para Sànchez y para Cuixart.