El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias "quejas y solicitudes" en relación con el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ha emitido un informe favorable a los encausados por el 'procés' Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
Los argumentos del Gobierno se refieren a "posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades", ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil. (¡Pagan justos por pecadores! El Parlamento Europeo deja sin acreditación a todos los europarlamentarios españoles).
Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos-- y ahora también en una carta del ministro a Bachelet. De hecho, Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que "hay circunstancias que deben ser corregidas".
Eso sí, ha avanzado que una de ellas se refiere a la forma en la que se ha producido la "filtración" del informe: a su modo de ver, "no debería haber trascendido sino canalizado por los medios adecuados" y eso indica "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".
Una cortina de humo para favorecer a Puigdemont
Es más, cree que, "probablemente", esta opinión del grupo de trabajo se ha dado a conocer "para ocultar la importancia y tender una cortina de humo" sobre otra decisión que, según ha destacado, sí tiene "una importancia extraordinaria". Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a valorar las consecuencias del referéndum declarado ilegal del 1-O. (¡Conflicto diplomático! Eslovenia se pone de parte de Puigdemont).
Sobre esta sentencia, ha destacado que estaba "extraordinariamente bien argumentada" y que "justificaba plenamente" la actuación del Constitucional. "Distingan por favor, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y una opinión de un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU", ha remachado.
Por su parte, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí ha sido algo más precisa sobre las quejas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá ha alegado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial.
Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia. Además, en una de las notas verbales presentados por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.
La verdad sobre el falso informe de la ONU
Los relatores son uno de los llamados "procedimientos especiales" de la ONU para derechos humanos, como también lo son los grupos de trabajo. Según Borrell, en su lista hay más de 4.000 ONG y éstas emiten informes que "sin más control de calidad ni más trámites ni más advertencias se publican en la página web". Eso, ha proseguido, hizo que hace unos días "los medios independentistas anunciaron a bombo y platillo" que la ONU había emitido una condena a España por este asunto, cuando en realidad era "una ONG de Ceilán" (Sri Lanka) que había publicado una opinión en la web de la Oficina del Alto Comisionado".
"Eso no se puede presentar a la opinión publica como que las Naciones Unidas han condenado a España", ha dicho, sino que es la opinión de una ONG de un país lejano, con un "gran e inusitado interés por lo que pasa en España" que no sabe a qué se debe. Con todo, preguntado si el Gobierno va a pedir a Bachelet que dé el informe por no emitido o a tomar alguna otra medida, ha respondido que el Ejecutivo tampoco quiere darle al informe más trascendencia de la que tiene, porque es "cocerles el fuego a los que quieren una cortina de humo para que no se hable del Tribunal de Estrasburgo".