El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional está valorando imputar a la constructora OHL ante los indicios de que altos cargos de la empresa autorizaron sobornos por un valor de 40 millones de euros para conseguir las adjudicaciones en las comunidades autónomas españolas.
De este modo, el Grupo OHL estaría en el centro de la trama Lezo, en la que se investigan mordidas multimillonarias a cambio de contratos de obra pública durante más de diez años.
Por este motivo, el juez Manuel García-Castellón se ha dirigido a OHL para reclamar explicaciones y pruebas que permitan controlar el riesgo.
Al parecer, los pagos irregulares, que se rastrearon hace más de dos años, representarían una práctica “generalizada” y organizada por los responsables de OHL, aseguran algunas fuentes.
La compañía tenía habilitados mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, pero parece evidente que dichos mecanismos fallaron.
Sobornos por un valor de 40 millones de euros
En el centro de la investigación están contratos en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014 por un valor de 38,6 millones de euros.
El exdirector de Gestión Paulino Hernández, al que le fueron incautadas grabaciones que demostrarían la contabilidad sumergida que servía para conseguir dichos contratos de obra pública, es uno de los principales investigados.