El Ministerio del Interior aprobó el 9 de octubre el desembolso de 6,2 millones de euros para reforzar el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas Sitel).
Esto permite a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de sospechosos, y obtener información en el acto.
Las autoridades pueden acceder a la información sobre la persona que envía la llamada, la que lo recibe, el contenido de la conversación, los mensajes de texto y la ubicación de los interlocutores.
Todo ello queda registrado de forma automática en un disco duro de la policía. Posteriormente, se envía al juez que autorizó la escucha telefónica para su uso como prueba en la investigación correspondiente.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adquirirá "el equipamiento y el software necesarios para dotar de capacidades avanzadas" a la llamada "subplataforma SILC".
Esta herramienta fue creada en 2008 para que la monitorización de las comunicaciones no solo incluyeran las tradicionales llamadas de voz sino las que se realizan a través de mensajería instantánea (Whatsapp, Telegram o Signal).
Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Seguridad para el trienio 2018-2020
El gasto de 6,2 millones de euros ha sido incluido por el Ministerio de Interior dentro del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado de Seguridad para el trienio 2018-2020.
Con la inversión citada anteriormente se pretende "poder mitigar el efecto del cifrado en las comunicaciones de internet legalmente interceptadas".