La denuncia destapada por el diario El Mundo ha sacudido los cimientos del gobiernos aragonés. Según el citado medio, el Gobierno de Aragón habría pagado en 2017 nada menos que 200 millones de euros duraten 2017 al margen de la ley.
La misma fuente añade que cinco de esos millones se han ido en horas extras en la Sanidad Pública sin que existe ningún tipo de control que dé fe de que los pagos se han hecho a cambio de unos servicios.
Por otro lado, el Mundo denuncia que "la mayor parte de los «complementos de productividad» abonados en el Servicio Aragonés de Salud no respondían realmente a una productividad contrastada, sino que se pagaron como salario fijo sin constatar que respondieran realmente a un especial rendimiento de quien lo percibe".
La cosa no queda ahí, porque este tipo de irregularidades ya habían sido detectados en años anteriores, lo que quiere decir que no son una novedad esporádica surguda en 2017.
El Gobierno de Aragón presidido por el socialista Javier Lambán pagóp durante 2017 complementos retributivos que "no están amparados en normas de rango legal o reglamentario". La misma fuente habla de acuerdos sin validez legal que se mantuvieron de "tapadillo". Y cota el caso de "los 42 millones repartidos en complementos salariales a miles de profesores se llevó a cabo al amparo de un «acuerdo del Gobierno de Aragón no publicado».
El reparto, según la Cámara de Cuentas se distribuye así: 13 millones de euros en complementos a funcionarios de la Administración General de la Comunidad autónoma; 7 millones en un «complemento transitorio» pagado a funcionarios de la Administración de Justicia que dependen del Gobierno aragonés; 42 millones de euros en complementos específicos para el personal docente no universitario; y 49 millones de euros en otros complementos salariales abonados a personal de la Sanidad pública aragonesa.
Horas extras pagadas de forma descontrolada
También se pagaron cinco millones de euros que ese mismo año pagó el Servicio Aragonés de Salud entre el personal sanitario por «prolongación y exceso de jornada». Horas extra en resumidas cuentas pagadas de forma descontrolada.
El 31 de diciembre de 2017 el Gobierno aragonés tenía a nómina a un total de 56.411 trabajadores, entre la Administración propiamente dicha y sus servicios, organismos y entes públicos. Suponían en ese momento el 10% del empleo total de Aragón, tal y como refleja El Mundo.