El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe mostrando los indicios de malversación de fondos públicos de la Generalitat de Cataluña, que ascienden a una cuantía de 416 millones de euros, contabilizando desde el año 2011.
Este escandaloso gasto de fondos públicos responde a la gestión económica del Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, así como de su red de "embajadas". (¡Conflicto diplomático! Eslovenia se pone de parte de Puidemont)
La inversión ilegal independentista
La mayor parte de las actividades organizadas por el Departamento de Exteriores, y por tanto, de las actividades que consumieron gran parte de estos 416 millones de euros malversados, tenían un carácter ilegal: conseguir apoyos internacionales al secesionismo catalán.
Así pues, el Tribunal de Cuentas ha detectado un contrato con un lobby americano, el Independent Diplomat (ID) el cual tenía como encargo crear un ambiente internacional favorable al proceso independentista catalán, lo cual es totalmente ilegal según el Tribunal.
Este lobby llegó a publicar un gran número de artículos y entrevistas a favor de la independencia en medios internacionales de toda índole, llegando a entrevistarse con los responsables de los viajes del Papa Francisco para instrumentalizar un viaje del pontífice a Cataluña para reclamar la independencia.
El abogado de Puigdemont manda de viaje al Tribunal
El Tribunal de Cuentas envió, en enero de 2019, un borrador del informe a Puigdemont, solicitando la presentación de alegaciones por parte del expresidente de la Generalitat antes de 15 días, así como material documental que pudiese aclarar las irregularidades económicas encontradas.
Ante esta petición, el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, rechazó con descaro la petición del órgano fiscalizador, aunque afirmando que "no existe inconveniente en que los responsables de esta Sección, y a través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional pertinentes, tomen declaración a mi defendido, sobre aquellos extremos en que pueda ser de utilidad, en su domicilio de la Casa de la Republicana Catalana", en Waterloo.