España enfrenta el embargo de sus bienes en el extranjero debido a los impagos realizados por el gobierno de Pedro Sánchez a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
Los tribunales internacionales han emitido 23 resoluciones condenando a España a pagar indemnizaciones por un valor total de 1.200 millones de euros. Sin embargo, el gobierno conformado por el PSOE y Podemos se ha negado a cumplir con estas obligaciones, provocando una situación indeseable como es el embargo de una escuela española en Londres.
Recientemente, se ha dado a conocer una decisión de la justicia británica que afecta a un valioso convento dominico propiedad del gobierno español, situado en el barrio de Kensington en la capital inglesa. El edificio, que alberga el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, una escuela internacional dependiente del Ministerio de Educación, ha sido transferido a los afectados por el impago de las renovables, específicamente a los beneficiarios de la sentencia del caso Antin.
El caso Antin fue resuelto por el CIADI, tribunal del Banco Mundial, y resultó en una sentencia que impone a España el pago de 101 millones de euros, aumentados por intereses de demora y condenas en costas, llegando a una cifra de 127 millones. La propiedad del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, que ofrece educación a medio millar de estudiantes, ahora queda a disposición de los afectados por los impagos.
No es el único caso que afecta a España
Además del conflicto con el convento en Londres, otros frentes están abiertos en el Reino Unido, ya que los mismos afectados también tienen intervenido el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valuado en más de 900 millones de euros.
En abril, el fondo Blasket, titular del caso Infrared, declaró en default técnico cuatro bonos de deuda soberana española valorados en 1.000 millones de euros, lo que ha provocado un aumento del 15% en la financiación del Tesoro en los últimos dos meses.
Estas situaciones de impagos y embargos generan preocupación tanto en el gobierno español como en los inversores y empresas afectadas. Las decisiones judiciales en el extranjero ponen en evidencia los desafíos económicos y legales que enfrenta España en el ámbito internacional.
Con el futuro de las indemnizaciones pendiente y el gobierno negándose a cumplir con sus obligaciones, la incertidumbre y las repercusiones financieras continúan siendo un tema de gran relevancia para el país.