En un sorprendente giro en su política fiscal, el Gobierno valenciano, liderado por la coalición del Partido Popular (PP) y Vox, ha aprobado un anteproyecto de ley que eliminará por completo el Impuesto de Sucesiones en la región.
Esta medida, que se considera la primera de gran calado desde la llegada al poder del presidente Carlos Mazón, ha generado un intenso debate sobre la justicia y la necesidad de este impuesto.
La consejera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, ha sido una de las principales defensoras de esta medida y ha criticado la naturaleza del Impuesto de Sucesiones, que considera una doble imposición injusta para los ciudadanos. Merino afirmó que "no es apropiado que los ciudadanos tengan que pagar impuestos en un momento tan complicado como la muerte de un familiar y pagar por duplicado, especialmente cuando los bienes heredados ya han sido gravados a lo largo de toda su vida". En consecuencia, considera que este tributo "está moralmente fuera de lugar".
La reforma fiscal aprobada por la región implica una bonificación del 99% en la cuota tributaria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los herederos pertenecientes a los grupos I y II (hijos, nietos, padres, cónyuges, etc.).
Además, se introduce un beneficio similar para las adquisiciones por donación u otros actos lucrativos inter vivos celebrados en favor del cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados. Esta medida entrará en vigencia para los hechos imponibles producidos a partir del 28 de mayo de 2023.
Fin al "infierno fiscal" de Ximo Puig
Esta drástica decisión del Gobierno de Carlos Mazón marca el inicio de un retroceso en el denominado "infierno fiscal" que ha caracterizado a la Comunidad Valenciana en los últimos años. La región, antes gobernada por Ximo Puig, se destacaba por su elevada carga tributaria a través del IRPF, Patrimonio e Impuesto de Sucesiones.
La medida también tendrá un impacto significativo en los bolsillos de los contribuyentes valencianos. Por ejemplo, un soltero de 30 años sin hijos, con una herencia valorada en 800.000 euros, incluyendo una vivienda de 200.000 euros, habría tenido que pagar una asombrosa suma de 63.196 euros en Impuesto de Sucesiones si el fallecido hubiera residido en la Comunidad Valenciana. En contraste, en la Comunidad de Madrid, esta cifra se reduciría a 1.586 euros, y en Castilla y León, a 810 euros. Gracias a la nueva legislación, los contribuyentes valencianos se ahorrarán cerca de 400 millones de euros.
Esta reforma fiscal en Valencia se suma a otras iniciativas similares adoptadas por gobiernos del Partido Popular en diferentes regiones de España, como Canarias y Baleares, que también han buscado aliviar la carga fiscal de las herencias. La tendencia general apunta hacia la eliminación del Impuesto de Sucesiones en varias autonomías.