La anunciada marcha de Ferrovial a Países Bajos, en busca de mejores condiciones fiscales, no ha sentado para nada bien al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha cargado duramente contra Rafael del Pino, presidente de la compañía, por haber tomado esta decisión. Y es que, que empresas así de importantes decidan marcharse de España por culpa de la mala gestión de los políticos, deja retratado al Ejecutivo.
Los socialistas tratan de evitar a toda costa la marcha de grandes empresas de España, y no dudan pasar al ataque si es preciso. Y es por eso por lo que ahora el ejecutivo central amenaza a Ferrovial con grandes sanciones económicas si acaba certificando su cambio de sede fiscal al país neerlandés.
El Gobierno ha amenazado con penalizar con hasta 130 millones de euros la marcha de Ferrovial de España. Se trata de una especie de ‘castigo fiscal’ que impone el Ministerio de Hacienda a las empresas que deciden cambiar su sede sin un motivo económico válido.
Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, ha asegurado que el Gobierno va a analizar los argumentos ofrecidos por Ferrovial y se estudiará así si realmente existe ‘sustancia’ para su marcha. La propia ministra ha confesado así que se está estudiando aplicar sanciones a la compañía, como medida de presión para evitar su marcha.
Además de este castigo fiscal del Ministerio de Hacienda, la compañía arrastra también dos facturas pendientes con el mismo ministerio: unas provisiones de 184 millones por varias actas levantadas y pleitos y la devolución de cerca de 40 millones por el contencioso con la Comisión Europea por el fondo de comercio de Amey.
Ferrovial ya ha dejado claro en más de una ocasión que la operación que tiene en mente realizar no tiene una motivación fiscal. La realidad es que la matriz que se marchará de España acumula pérdida y no paga Sociedades.
Habrá que ver en que finaliza este ‘tira y afloja’ que el Gobierno de España pretende mantener con la compañía presidida por Rafael del Pino.