Cuando el jefe de la CEOE, Antonio Garamendi opinaba ayer acerca de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales recogida en el pacto PSOE-Sumar, se quejaba de intervencionismo y de medida populista e instaba al gobierno a no abandonar el diálogo social para instaurar este tipo de medidas.
Y es que las grandes empresas de nuestro país ya llevan tiempo encajando golpe tras golpe desde el gobierno de Pedro Sánchez y comienzan a dar signos de hartazgo. El mejor ejemplo fue la “fuga” de la cotizada del IBEX 35, Ferrovial, cambiando su sede a Holanda. Una de las grandes que alegaba entre sus motivos una financiación más fácil y barata, una rebaja de la carga fiscal.
Repsol puede seguir el camino de Ferrovial
Ahora ha sido otra de las grandes, Repsol, el gigante petrolífero ha presentado resultados este pasado jueves y ha declarado ser la empresa del IBEX 35 que más ha pagado por tributos en nuestro país, en concreto 10.700 millones de euros sólo por la actividad desarrollada durante los 9 primeros meses del año. Esto es así debido a los especiales gravámenes del sector, pero también al gravamen temporal energético, o impuesto de las energéticas que impuso el gobierno, y que ahora han anunciado querer hacer fijo. Una presión fiscal en la que no hay que olvidar otros impuestos como el de la banca, el de las grandes fortunas u otros como el del plástico. A esto hay que unir la inseguridad jurídica por el cambio retroactivo en las subvenciones a las renovables por parte del gobierno que repercute en las inversiones extranjeras.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz ha declarado que "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España". O lo que es lo mismo, Repsol también podría empezar a deslocalizar sus inversiones fuera del país.
El ejemplo de Ferrovial y Repsol es más notorio por ser grandes empresas, pero la fuga durante los últimos meses es un goteo constante de pequeñas y medianas empresas fuera de nuestras fronteras para evitar la presión fiscal agresiva de Sánchez.
Está claro que las empresas no soportan más el ataque de Sánchez y sus socios, más aún cuando son los principales generadores de empleo. Es lo que sucede cuando no acudes al diálogo social con todos los agentes antes de anunciar acuerdos como los recogidos en el pacto de PSOE-Sumar, que además de la reducción de la jornada laboral cobrando lo mismo, también incluye la subida del SMI, el endurecimiento del despido, la activación del Estatuto del Becario o fijar un tipo fijo del Impuesto de Sociedades del 15% sobre el resultado contable, es decir sobre los beneficios reales.