La consecución de la polémica Ley de Amnistía de Pedro Sánchez, tiene en pie de guerra no sólo a la oposición, sino también a la mitad del país. Las señales de alerta sobre las posibles consecuencias de la amnistía empiezan a llegar de distintos ámbitos.
Hace unos días el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ya advirtió que Europa ya no mira para otro lado y que está pendiente de estudiar el texto final que se presente, “Lo primero, como he dicho, es una competencia nacional, pero por supuesto hay ciertos límites. Saben que nosotros en Europa estamos muy implicados en la lucha contra la corrupción. Para ser concreto, en la lucha contra algunos delitos como malversación o apropiación indebida de fondos públicos”, advirtió Reynders.
Asimismo indicó que una ley como la que pide Junts dejaría “privadas de contenido” sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos “muy graves” como la malversación o la desobediencia.
Una seria advertencia
Ahora en un debate convocado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para abordar el asunto de la amnistía, en la jornada de hoy se ha abordado la sesión “La Ley de Amnistía bajo el prisma de la Abogacía”, y entre los participantes se encontraba Ignacio Ulloa, exjuez del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), cuya opinión ha dado una nueva visión de las consecuencias de la amnistía de Sánchez a los independentistas catalanes.
Según Ulloa, “No es cuestión menor el hecho de que, en caso de que se valore que la Ley de Amnistía vulnera el Derecho comunitario, se pondrían en riesgo los fondos europeos”, y en concreto quien también fuera letrado del Tribunal Constitucional, ha hecho referencia a que “peligrarían los fondos Next Generation que, en 6 meses, podrían quedar bloqueados o sujetos a un proceso de devolución”.
Una lluvia de millones que conforman la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis de la Covid, a través de créditos a los estados miembros entre 2021 y 2026. Unos fondos que para España alcanzan un total de 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos del MRR. De todo ese dinero, el Gobierno sólo ha gastado desde el 2021 8.423 millones de euros que podría tener que devolver si así lo estiman desde Europa a causa de la amnistía. Todo un riesgo a tener en cuenta.