Tras la fuga de Carles Puigdemont de la Justicia en 2017, el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, activaba una euroorden de detención contra el fugado, así como contra sus acompañantes, Clara Ponsatí y Toni Comín.
Una euroorden que establecía una orden internacional de detención y extradición contra los fugados en el territorio de la Unión Europea, contando así España y el Tribunal Supremo con el apoyo de los países miembros para llevar al fugado ante la Justicia, para ser juzgado por su intervención y papel fundamental en el procés independentista del 1-O.
Sin embargo, Bélgica, país en el que reside el fugado desde 2017, se negaba, a través de su Justicia, no sólo a extraditar a Puigdemont, sino también a aceptar los razonamientos del Tribunal Supremo contra el independentista, permitiendo que Puigdemont, ahora como eurodiputado, goce de una total libertad en el país belga.
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Una 'protección' que ahora ha saltado por los aires, después de conocerse que el movimiento independentista, a través de la Generalitat, podría haber financiado a una gran empresa belga con dinero público, extralimitando las capacidades del Ejecutivo catalán.
Y es que esta empresa, ahora investigada en Bélgica por blanqueo y corrupción, podría haber conseguido que la Justicia belga mirase para otro lado en el caso de Puigdemont, ejerciendo su evidente influencia empresarial ante el tribunal del que dependía en Bélgica el fugado.
Cerca de un millón de euros de la Generalitat
Así pues, la jueza de Barcelona Carmen García, durante la instrucción de la causa sobre la financiación de la internacionalización del independentismo, pedía a las autoridades de Bélgica información sobre la sociedad SC Services.
Una gran empresa que actualmente está siendo investigada en su país de origen, y que está vinculada con el procés independentista debido a un supuesto informe en materia de Defensa que la Generalitat le habría encargado en 2015, con un valor de más de 4.000 euros.
"La sociedad no ha sido objeto de un control en cuanto a sus obligaciones fiscales" se reconoce en el informe enviado a Barcelona desde Bélgica, donde se explica, según ha podido saber 'El Periódico', que esta entidad está vinculada con otras dos sociedades, existiendo expedientes en la policía belga por "blanqueo y corrupción".
Empresas con las que estaria vinculada la Generalitat de Cataluña, que habría adjudicado a dedo, tal y como apunta la investigación, cerca de un millón de euros, con fines internacionales que exceden las competencias del Ejecutivo catalán.
Investigación belga que demuestra la complicidad y el envío de fondos públicos de Cataluña a una de las grandes empresas belgas, acusada de corrupción, que podría explicar la razón por la que el país se niega a extraditar a su 'gallina de los huevos de oro'.