El Confidencial ha publicado un interesante informe sobre el efecto que ha causado el escrito de la Abogacía del Estado: "El gesto de Moncloa a los independentistas puede ser mucho más que eso. La decisión del Ejecutivo de Sánchez de forzar una acusación por sedición en la causa del 'procés' desactiva de facto una posible condena por rebelión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
En España, la acusación por un delito menos grave previsto en el Código Penal no afectara, ya que, Fiscalía y VOX irán por rebelión, pero puede ser trascendental en Estrasburgo. Fuentes jurídicas citadas en esta información califican el paso como un "sabotaje al corazón del Estado" y llegan a tachar la decisión impuesta por Pedro Sánchez de "fraude procesal".
"Será imposible pensar que la Abogacía del Estado defienda creíblemente en Europa una eventual sentencia de condena por rebelión cuando no lo ha hecho en España", avisan. "Estado bipolar", "dicotomía", "contradicción perniciosa", son otros de los calificativos que ha levantado en el mundo jurídico la acusación de los letrados estatales, hasta tal punto impuesta desde la cúpula del Gobierno que los abogados personados en el caso se negaron a firmarla.
Algunos opinan que es una estrategia para acorralar al Supremo y perjudicar la posición de España ante el Tribunal de Estrasburgo: "Si fuera el abogado de los acusados de rebelión esto que se está haciendo es lo que hubiera aconsejado", comenta uno de los consultados.
Desde el Tribunal Supremo piden calma
Según El Confidencial, fuentes del Supremo tratan de imponer la calma. Lo importante en esta etapa previa al juicio es que unos y otros hayan respetado los hechos del procesamiento, como así sucede pese al uso de términos distintos, violencia o movilización y recuerdan que la vista oral ni siquiera ha arrancado y que será tras ella cuando se defina si los hechos fueron delictivos.
Otra de las fuentes indica que "es muy difícil de explicar y minusvalora la posición de España ante Europa". Este cambio de actitud resulta aún más difícil de entender tanto para la ciudadanía como para los operadores jurídicos. Más extraño aún en un cuerpo de primer nivel que siempre se ha caracterizado por la defensa de los principios básicos del ordenamiento jurídico. Muchos interpretan este gesto como el precio por el apoyo de ERC a los presupuestos del Estado. El malestar ha aumentado después de las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Justicia Dolores Delgado que manifestaron que no se trataba de una cuestión de gestos, sino "una cuestión jurídica siguiendo criterios estrictamente profesionales".
Entre los juristas opinan que se ha "puesto a la Fiscalía a los pies de los caballos" al considerar que no hubo rebelión y consideran que es un "cambio" interesado. El President Quim Torra ha tachado a Pedro Sánchez de "cómplice de la represión": "No es un gesto, es un desprecio absoluto. Hoy el Gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para sacar este conflicto de la justicia y devolverlo a la política".
Los miembros del Govern, los fugados y los abogados de los golpistas están muy interesados en que el juico se grabe y abrir una ventana a nivel internacional de las 'injusticias' que vivimos en España. Pero ¿se les ha ocurrido pensar que pasará cuando los líderes encarcelados del procés se rajen y digan que todo fue una 'mala interpretación' de todo lo ocurrido? El ridículo será terrible.