El Tribunal Supremo ha dictado este jueves dos autos con los que confirma el cierre de la instrucción sobre el proceso soberanista en Cataluña, que realizó el juez Pablo Llarena, y sienta en el banquillo de los acusados a 18 líderes independentistas procesados por el delito de rebelión y malversación de caudales públicos, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsejeros en prisión o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
Por otra parte, la Sala ha ratificado también el sobreseimiento de la causa respecto del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exdirigente de PDeCAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) Neus Lloveras. Además, da un plazo de cinco días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox para que presenten su escrito de calificación.
El juicio contra los golpistas del 1-O comenzará en los próximos meses
Estas resoluciones suponen el pistoletazo de salida del juicio que comenzará en los próximos meses y en el que siete magistrados de la Sala de lo Penal --el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo-- juzgarán a los procesados por rebelión y malversación que se encuentran en prisión provisional. Son el exvicepresidente Junqueras; el expresidente de la Asociación Nacional Catalana Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; y la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell (esta última solo imputada formalmente por el primero de los delitos).
También serán enjuiciados los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila procesados por desobediencia y malversación; así como la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Llarena les imputó el delito de desobediencia.
Quienes por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentran huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.
El Supremo rechaza pronunciarse ya sobre si hubo delito de rebelión
En uno de estos autos, con fecha de este jueves, la Sala rechaza la petición compartida por la mayoría de las defensas de que los magistrados que van a celebrar el juicio se pronuncien ya acerca de si concurre la violencia necesaria que define el delito de rebelión: "Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad", explica el Supremo, al mismo tiempo que destaca que el "empeño" de los letrados en que los jueces se manifiesten al respecto es tan "legítimo" como "inasumible en el plano técnico".
"La decisión sobre la apertura o cierre del juicio oral no puede hacerse depender de que los elementos del tipo previsto en el artículo 472 (el de rebelión) se dibujen con mayor o menor nitidez. (*) Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación", añaden los magistrados.
La Sala de lo Penal también señala que con este auto, en el que se sienta en el banquillo a los líderes independentistas, no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos, ni la posible responsabilidad que presuntamente tuvieron los procesados en ellos, "sino la necesidad de esclarecerlos".