El Gobierno de la Generalitat, con Quim Torra a la cabeza, ha hecho público el 'Documento para la organización y gestión de los centros', que entrará en vigor en este próximo curso académico 2019-2020.
Durante las 13 páginas de extensión del documento, los independentistas exigen al personal docente y otros trabajadores de los centros educativos de la comunidad autónoma que el catalán sea la lengua utilzada en todos los espacios del centro, tanto en las aulas como en espacios como el comedor o los recreos.
"Es el lenguaje de la institución y, por tanto, el lenguaje de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentoss sociales en general", se puede leer en el documento.
Esto muestra, una vez más, el interés del Govern de Quim Torra por controlar los espacios educativos para adoctrinar a los niños sobre el independentismo catalán. Recordemos que, hace poco tiempo, Torra ya envió "espías" a las aulas a través de la 'Plataforma per la llengua' para tener un control sobre qué alumnos y docentes utilzaban el castellano. (¡¡No saben ni adoctrinar!!)
Este documento también exige que el catalán sea utilizado por el "personal a cargo de la gestión de actividades no educativas como almuerzos escolares o actividades extracurriculares", lo cual conduce a un total uso del catalán en cualquier ámbito relacionado con los menores, expulsando al castellano de los centros educativos públicos.
Esquivando el Ordenamiento Jurídico
Los golpistas de Torra saben que este documento, y las exigencias que contiene, infringen deliberadamente el ordenamiento jurídico en su totalidad, desde las leyes orgánicas hasta las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Es por esto, por lo que estas 'instrucciones golpistas' están distribuidas a las direcciones de los centros, y no a sus trabajadores.
De esta manera, cuando los ciudadanos afectados reclamen sus derechos, la Dirección del centro aduzca que cumple con las instrucciones de la Administración, la cual puede declinar cualquier tipo de responsabilidad alegando que es el colegio el que hace ejercicio de su autonomía, creando un vacío legal que consigue la indefensión del castellano y los hispanoparlantes dentro del territorio catalán.